Rubén Jorge Salazar Ojeda es uno de los servidores públicos que está detrás de graves omisiones en la intervención psicológica de infantes. Es investigado por el posible delito de usurpación de funciones. Existen pruebas de que este servidor público firma documentos oficiales con un título de Mtro. en Psicología cuando no lo es.
Salazar Ojeda, con cargo de Subdirector de Intervención Psicológica de la Dirección de Evaluación e Intervención Psicológica para Apoyo Judicial del PJCDMX, ha emitido informes con atribuciones que no le corresponden.
Con este tipo de acciones, la dirección a su cargo deja ver un posible engaño a la ciudadanía lo cual es preocupante.
Por otro lado, la omisión de protocolos de actuación en diligencias donde intervienen niñas, niños y adolescentes lo vuelve a poner en evidencia. Estas son algunas de las razones que nos hacen pensar que la Dirección de Psicología intestino enfermo del PJCDMX.
Cámara Gesell
Salazar Ojeda y su equipo de psicólogos omiten documentar audio y video de las diligencias en la Cámara Gesell, con el pretexto del tema de privacidad. Sin embargo, la falta de registro videográfico y sonoro propicia la interpretación unilateral, niega a las partes la posibilidad de objetar mediante una revisión por parte de un colegio de expertos tal como se llevó a cabo con dos menores de edad y que se encuentra visible en el expediente 560/2017 del Juzgado Trigésimo Quinto Familiar de la Ciudad de México
El fraude científico
Resultan inconcebibles los argumentos con los que fundamentan su proceder los psicólogos de la Dirección de Intervención Psicológica, bajo la supervisión de Salazar Ojeda.
El uso de publicaciones con información obsoleta, de dudosa veracidad y señaladas por varias instituciones como fraude científico, deja clara evidencia de la negligente desinformación en materia de interferencia, manipulación sistemática y/o alienación parental de este grupo de profesionales.
La renuencia a estudiar a fondo este problema social, pone en riesgo el trabajo de jueces y magistrados. Esta dirección fue creada para dar certeza en esta delicada materia y se ha convertido en parte del problema.
El delito de usurpación de funciones
El delito de usurpación de funciones se encuentra en el artículo 276 del Código de Procedimientos Penales vigente para la Ciudad de México. Contempla de 1 a 6 años de prisión y de 100 a 500 días de multa. Así lo refiere el Dr. en Derecho Penal, Ramón Ramos Becerril, abogado litigante, activista y defensor de los Derechos Humanos de la Niñez contra la sustracción, ocultamiento, retención y manipulación parental. El Dr. Becerril forma parte de “MAAS Infancia Feliz”.
Nepotismo
Cabe destacar que la Dirección Especializada de Intervención Psicológica para Apoyo Judicial (DEIPAJ) es dirigida por Mariana Ortiz Castañares, hija de José Agustín Ortiz Pinchetti, Titular de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales quien fue designado el 8 de febrero de 2019 como Titular de la FEPADE por el Fiscal General de la República, Dr. Alejandro Gertz Manero.
Surge la obligada pregunta si el Nepotismo e Influyentismo persisten dentro de las esferas de la “Justicia”. ¿Algún día llegará la justicia a la niñez mexicana, víctima de manipulación parental sistemática?
La DEIPAJ a cargo de Ortiz Castañares es un área urgente de atender por su alto impacto en el desarrollo emocional de nuestros niños. Por esta razón creemos que la Drección de Psicología es el intestino enfermo del PJCDMX.
Otros factores
…“México cayó nueve lugares en el índice Global de Estado de Derecho 2021, al ubicarse en la posición 113 de 139 países”…
El índice, elaborado por el World Justice Project (WJP) refiere que la peor evaluación para México fue en “Ausencia de Corrupción”, uno de los ocho factores que mide el WJP, en el que nuestro país fue ubicado en el sitio 135, apenas de arriba de Camerún, Camboya y la República Democrática del Congo. Este factor toma en cuenta 3 formas de corrupción: sobornos, influencias indebidas y la apropiación indebida de fondos públicos”.
La sociedad civil organizada (OSC) alza la voz contra el papel incongruente y de simulación del servidor público Rubén Jorge Salazar Ojeda, Subdirector de Intervención Psicológica, y señala que sus subordinados pretenden inducir al error a los juzgadores de familia para separar a los niños de alguno de sus progenitores y en cuya fundamentación basan en el libro de una autora argentina, sin cédula profesional en México, fraudulenta con sesgados, unilaterales y arcaicos argumentos violatorios de derechos humanos.
Se requiere implementar en los juzgados familiares y robustecer el uso de herramientas como “Antenas”, antes conocida como Prueba Bosty, que permitan reducir en tiempo y forma la decisión un juez de familia. Identificar y documentar objetivamente, sin revictimización, la manipulación parental y efectos psicológicos que enfrenta la niñez.